LA VERDAD SOBRE EL CASO ORIVE.


Fraude es la palabra. La Policía investiga a Manufacturas Orive por un presunto delito fiscal. El 12 de agosto del 2010, por orden judicial, se procede al registro de las oficinas de la empresa textil, y se interviene documentación en papel y en soporte informático. Orive debe sentarse en el banquillo.

En su primera comparecencia, las personas imputadas se acogen al derecho de negarse a declarar. Se les acusa de falsear y alterar las cuentas de resultados económicos. De ocultar una parte importante de la facturación realizada en los últimos años. Los indicios apuntan que los ingresos declarados no se corresponden con los realmente obtenidos. El Código Penal castiga los delitos fiscales con penas de prisión de uno a cuatro años y multas de hasta el séxtuplo de la cantidad defraudada.

Orive ha despedido a 55 personas. Ha liquidado a toda su plantilla en Miranda aduciendo unas pérdidas sospechosas de no serlo. Para llevar a cabo su estrategia, ha contratado un bufete barcelonés especializado en servicios financieros y contables. Son expertos en manejarse con entramados societarios cuyas entidades vienen participadas por otras mercantiles. Su principal cometido ha consistido en eliminar, con un orden sistemático, todos los puestos de trabajo al menor coste posible, y conseguir que la empresa se reencarne en sí misma. ¿Cómo?

“Manufacturas Orive S.A.” se descapitaliza en favor de “Mercedes Orive S. L.”, su heredera, manteniendo la marca “Matiz”, que es con la que ambas sociedades comercializan sus colecciones. Las dos empresas pertenecen al denominado “Grupo Orive”, el cual está formado, a su vez, por varias sociedades que desarrollan diferentes actividades, y donde el trasvase de capital y la alquimia contable asoman como algo más que una suposición. La jugada podría calificarse de bien tramada, si no fuera tan sucia, y tan zafios los modales.

Orive y sus herederas se han gastado en abogados el dinero sustraído de las indemnizaciones que correspondían a las obreras por su despido. Dichas indemnizaciones se vieron reducidas a la mitad, y de esa mitad, la Administración ha devuelto a la empresa el 40% a través del Fondo de Garantía Social, el dinero de los contribuyentes. A precio de saldo, se deshace de trabajadoras con una antigüedad excesiva, deslocaliza la producción, y cimienta una expansión comercial sin precedentes en la historia de la firma.

El caso es tan grave como pueda parecerlo. Las obreras, por el miedo a perder sus empleos, cayeron en la trampa de la flexibilidad. Trabajaron nueve horas diarias para servir a la demanda de los pedidos. Y con la producción a toda máquina, Orive se lo premió dejándolas en la calle mientras, con subvenciones del Estado, paseaba sus modelos por las pasarelas de Moscú, Madrid, Londres, o Lisboa. Nunca tanto esfuerzo resultó tan mal pagado.

Los sindicatos no son, ni mucho menos, ajenos a este circo. Nadie pondría la mano en el fuego por los asesores y delegadas de UGT que llevaron a cabo las negociaciones. ¿Negociaciones?. Empujaron a las trabajadoras hacia la flexibilidad, y en dos meses las estrellaron contra el despido. En palabras del sindicato, las negociaciones fueron “muy simples” .
Tan simples que cuando una de las obreras las estimó como una imposición, el entonces secretario provincial de UGT, Julián Juez, que ostentaba la representación del Comité de Empresa, espetó el siguiente agravio: “¿a qué viene ésta, a tocarme los cojones?”. Como se le insistiera con preguntas acerca del verdadero estado económico de la empresa, si se habían investigado y contrastado las cuentas presentadas, la siguiente respuesta no fue menos contundente e insidiosa: “ Quizás vayas a la cárcel”.

¿Podríamos afirmar que Manufacturas Orive ha sido el mayor pozo de economía sumergida que ha existido en Miranda de Ebro? ¿Es posible que durante décadas, cientos de mujeres hayan trabajado en sus casas para esta empresa de manera clandestina? De ser así, ¿a cuánto asciende el dinero negro generado mediante semejante actividad?

Las entidades bancarias esconden su risa. A día de hoy, Orive ha aumentado el número de marcas comerciales, dispone de más de 400 puntos de venta en España, distribución en 8 países. La denuncia cursada en el Juzgado contra Manufacturas Orive S.A., abunda en la existencia de presuntas irregularidades en el sistema de contabilidad, donde figuraría la oficial , y la contabilidad “ b” o en negro para clientes a los que no se facturaba el IVA, o si acaso, una parte variable. Las pesquisas de la Policía intentan determinar a cuánto asciende el supuesto fraude, y durante cuánto tiempo se ha cometido. Los delitos a especificar son: delito social contra los trabajadores, delitos societarios, y delito contra la Hacienda Pública (fraude fiscal).

Si cualquiera de los representantes sindicales de UGT, que han cavado la desgracia de estas mujeres, se viese obligado a ejercer como testigo en el “Caso Orive”, cabría preguntarse si el perjurio y la obstrucción a la justicia, la mentira, no estarían a la orden del día. ¿Quién se los imagina declarando contra sí mismos por la vergüenza y el desatino, la traición, que firmaron?

La mierda salta por las costuras. A estas alturas, Orive se permite la desfachatez de llamar a empleados despedidos, y despojados de sus derechos, para que trabajen, a su merced, durante tres o cuatro meses. O que puntualmente exija la presencia de un especialista despedido para que le arregle la máquina de turno averiada, y todavía se indigna si le dicen no. Las herederas de Orive, sus hijas, acusaron a toda la plantilla de intentar apropiarse del patrimonio de la empresa, cuando lo que sucedió fue que se quedaron con parte de las indemnizaciones. Se quejaban ante los medios de la dura competencia que les suponían los mercados asiáticos, pero traían género de China. Así pues, no estamos ante un problema de producción, sino de explotación.

Según fuentes consultadas, en la fecha del 12 de agosto del 2010, Cristina Orive Viela, apoderada de la empresa, entró en la misma, por la puerta principal, a las 9:10 horas de la mañana. La Policía se personó a las 9:30 para efectuar el registro. Hubieron de custodiar las entradas durante dos horas, hasta que a las 11:30 se abrieron las puertas. Durante ese tiempo, a la Policía le crecen los interrogantes: qué hizo en el interior la encausada, qué ocultó, qué destruyó, con quién habló...

Para defenderse de la palabra fraude, Orive y sus herederas han contratado un reconocido despacho de abogados penalistas de Barcelona: Molins&Silva. Entre sus clientes han figurado los presuntos implicados en el saqueo del Palau de la Música y del hotel Palau. También se ha encargado de la defensa, por ejemplo, de políticos catalanes acusados de malversación de fondos, o del empresario textil Josep Puigneró por delito ecológico.