Los sindicatos ferroviarios mayoritarios han enviado un comunicado en el que alertan sobre la liberalización aprobada por el Gobierno al entender que “abre la puerta a una posible privatización y desmantelamiento del ferrocarril público”. Además, aseguran que no sólo mantienen la huelga del día 3 de agosto sino que habrá más movilizaciones. A continuación, se reproduce su postura:
El último Consejo de Ministros ha adelantado a julio del 2013 la liberalización del sector ferroviario, abriendo la puerta a una posible privatización y desmantelamiento del sector público ferroviario. Algo innecesario y que ni la Comunidad Europea obligaba a realizarlo con tanta premura.
Los sindicatos más representativos de ADIF, FEVE y RENFE-Operadora rechazamos esta nueva medida del Gobierno que consideramos que va en una dirección inútil y nefasta, como se demuestra por lo ocurrido en otros ferrocarriles que hace años optaron por decisiones de este tipo y finalmente tuvieron que rectificar ante el caos originado, como ocurrió con los ferrocarriles británicos o argentinos, que finalmente tuvieron que volver a ser nacionalizados.
Rechazamos las argumentaciones vertidas por la portavoz del Gobierno, quien ha afirmado que estas medidas van encaminadas a "abaratar costes a los ciudadanos y a los viajeros... y a eliminar una maraña de empresas que consumen muchísimo dinero en simples costes de funcionamiento".
La experiencia nos demuestra que la liberalización o privatización del transporte ferroviario no sólo no ha abaratado costes a la ciudadanía, sino que ha supuesto el aumento del precio de los billetes, la supresión de líneas, el empeoramiento de la calidad en el servicio y la disminución de la seguridad, además de recortes en el empleo y las condiciones laborales del personal ferroviario. Valga como ejemplo lo ocurrido en los ferrocarriles antes mencionados.
No es la "maraña de empresas" públicas la que consume muchísimo dinero. Es el despilfarro, la especulación, la corrupción y la avaricia e insaciabilidad de los denominados "mercados", lo que nos ha llevado a una situación que se pretende que paguemos quienes no la hemos provocado.
Este Gobierno ha apostado por el desmantelamiento de todos los servicios públicos, y ahora vienen a por el transporte público ferroviario. Cuando otros Gobiernos europeos han apostado por el fortalecimiento de sus ferrocarriles públicos, incluso con inversiones en el extranjero, como la SNCF (Francia) o la DB (Alemania), en España se pretende su desmantelamiento para convertir el ferrocarril, como están haciendo con la sanidad y la enseñanza, en un negocio privado a costa de los derechos básicos de la ciudadanía, del empleo y de los derechos sociales y laborales.
Enmarcamos la decisión adoptada hoy por el Consejo de Ministros en línea con el informe que salió a la luz el pasado mes de mayo elaborado por INECO, la ingeniería de transportes del Ministerio de Fomento, que recomendaba la privatización total de Renfe antes de enero del 2014, y la comunicación que se nos hizo la semana pasada de la intención de segregar Renfe en cuatro sociedades anónimas.
Desde los sindicatos representativos de ADIF, FEVE y RENFE-Operadora nos oponemos a este tipo de medidas y entendemos que los motivos por los que convocamos la huelga del 3 de agosto se mantienen y se han acrecentado. Por lo que además de la huelga del 3 de agosto seguiremos convocando las acciones necesarias en defensa de nuestros derechos, del ferrocarril público y del empleo.
El último Consejo de Ministros ha adelantado a julio del 2013 la liberalización del sector ferroviario, abriendo la puerta a una posible privatización y desmantelamiento del sector público ferroviario. Algo innecesario y que ni la Comunidad Europea obligaba a realizarlo con tanta premura.
Los sindicatos más representativos de ADIF, FEVE y RENFE-Operadora rechazamos esta nueva medida del Gobierno que consideramos que va en una dirección inútil y nefasta, como se demuestra por lo ocurrido en otros ferrocarriles que hace años optaron por decisiones de este tipo y finalmente tuvieron que rectificar ante el caos originado, como ocurrió con los ferrocarriles británicos o argentinos, que finalmente tuvieron que volver a ser nacionalizados.
Rechazamos las argumentaciones vertidas por la portavoz del Gobierno, quien ha afirmado que estas medidas van encaminadas a "abaratar costes a los ciudadanos y a los viajeros... y a eliminar una maraña de empresas que consumen muchísimo dinero en simples costes de funcionamiento".
La experiencia nos demuestra que la liberalización o privatización del transporte ferroviario no sólo no ha abaratado costes a la ciudadanía, sino que ha supuesto el aumento del precio de los billetes, la supresión de líneas, el empeoramiento de la calidad en el servicio y la disminución de la seguridad, además de recortes en el empleo y las condiciones laborales del personal ferroviario. Valga como ejemplo lo ocurrido en los ferrocarriles antes mencionados.
No es la "maraña de empresas" públicas la que consume muchísimo dinero. Es el despilfarro, la especulación, la corrupción y la avaricia e insaciabilidad de los denominados "mercados", lo que nos ha llevado a una situación que se pretende que paguemos quienes no la hemos provocado.
Este Gobierno ha apostado por el desmantelamiento de todos los servicios públicos, y ahora vienen a por el transporte público ferroviario. Cuando otros Gobiernos europeos han apostado por el fortalecimiento de sus ferrocarriles públicos, incluso con inversiones en el extranjero, como la SNCF (Francia) o la DB (Alemania), en España se pretende su desmantelamiento para convertir el ferrocarril, como están haciendo con la sanidad y la enseñanza, en un negocio privado a costa de los derechos básicos de la ciudadanía, del empleo y de los derechos sociales y laborales.
Enmarcamos la decisión adoptada hoy por el Consejo de Ministros en línea con el informe que salió a la luz el pasado mes de mayo elaborado por INECO, la ingeniería de transportes del Ministerio de Fomento, que recomendaba la privatización total de Renfe antes de enero del 2014, y la comunicación que se nos hizo la semana pasada de la intención de segregar Renfe en cuatro sociedades anónimas.
Desde los sindicatos representativos de ADIF, FEVE y RENFE-Operadora nos oponemos a este tipo de medidas y entendemos que los motivos por los que convocamos la huelga del 3 de agosto se mantienen y se han acrecentado. Por lo que además de la huelga del 3 de agosto seguiremos convocando las acciones necesarias en defensa de nuestros derechos, del ferrocarril público y del empleo.
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